La reciente aprobación del Decreto N.º 209/13 representa un hito de importancia tanto para la Administración Pública, como para la carrera administrativa y para la calidad de los servicios que brinda del Estado a los habitantes de la provincia de Buenos Aires.
Culminando con un proceso iniciado allá por el año 2009, la aprobación de esta norma abre las puertas del Estado provincial a una concepción de la gestión de la cosa pública diferente; una concepción en la que se destaca el valor del personal del Estado y su profesionalización como servidores públicos.
En efecto, la designación de los agentes que participaron del Programa de Especialización en Gestión Pública —organizado por la Subsecretaría para la Modernización del Estado— dota a la provincia de un recurso indispensable a la hora de diseñar, implementar y controlar las políticas públicas provinciales: agentes de planta permanente con formación especializada para llevar adelante estas acciones.
Resulta un lugar común referirse a este objetivo como estratégico, mas no tanto encontrar experiencias concretas a través de las cuales se intente alcanzarlo.
Una de ellas es el Cuerpo de Administradores Gubernamentales dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación respecto de los cuales en el sitio oficial en Internet correspondiente a dicha Jurisdicción se lee «Los Administradores Gubernamentales constituyen un cuerpo multidisciplinario de profesionales que brinda asistencia técnica a las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública nacional en la gestión y articulación de políticas prioritarias para el Estado». Así también, y bajo el título PROPÓSITOS QUE GUIARON LA CREACIÓN DEL CUERPO DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES, la lectura del Anexo III del Decreto N.º 2098/87 exhibe claros, los objetivos y estrategias específicas a través de las cuales el gobierno nacional se propuso implementar la creación de ese Cuerpo.
Signado el momento por la necesidad de acentuar el compromiso con el sistema republicano y democrático de gobierno y por el respeto a la Constitución y a las instituciones, se entendió fundamental brindar el ejemplo desde el ejercicio de las más altas funciones. En este contexto, el ingreso en la función pública, el desarrollo de la carrera y la actuación de los agentes del Estado debían guardar relación con la idoneidad, la experiencia, la eficiencia y el esfuerzo de los interesados en desempeñarse en el Estado.
Transcurridos casi treinta años desde el retorno a la democracia, podemos afirmar que acentuar ese compromiso y ese respeto es un trabajo permanente. Podemos también afirmar que los medios para cumplir con esos propósitos siguen siendo los identificados entonces, puesto que tienen que ver con los valores fundacionales del Estado.
El modo de gestión de los llamados recursos humanos del Estado es clave a la hora de evaluar la capacidad del aparato público para responder a demandas no solo cada vez más complejas sino cada vez más entroncadas con la cuestión en torno a los valores y a la legitimidad del accionar público. Como señala Oszlak, desde los tiempos de Aristóteles, el mérito ha sido un principio rector para elegir a quiénes que se les asignará la responsabilidad de gestionar los asuntos públicos. Siguiendo a Oszlak, iniciativas tendientes ubicar a jóvenes profesionales altamente entrenados y motivados en posiciones claves del gobierno (nosotros diríamos también, altamente comprometidos con el Estado) genera una masa crítica de expertos y numerosos puntos focales desde los cuales resulta posible difundir nuevos patrones de conducta, no solo técnicos sino culturales y éticos, capaces de hacer mejor y también de innovar en el hacer.
Si bien la idea de implementar proyectos semejantes parece adquirir particular relevancia y prosperar en momentos especiales de la vida institucional de un país —pensemos en el caso de Francia, donde la Ecole Nationale d’Administration (ENA) fue creada coincidiendo con en el período de reconstrucción post segunda Guerra Mundial—, es menester considerar que los conceptos de mérito para el ejercicio de la función y de formación para el cargo (sea de carácter generalista o especializada) deben tener presencia constante, estructural y permanente en el ámbito del sector público.
Luego, las modalidades de llevar adelante proyectos tales pueden variar. En el caso, y solo a modo de ejemplo, la provincia de Santa Fe cuenta con el denominado Cuerpo de Administradores Provinciales (CAP) en el ámbito del Ministerio Coordinador. Este Cuerpo se encuentra regido por los Decretos N.º 0008/94 y 1371/95. Leemos en el sitio oficial de la provincia: «La creación del CAP responde a las modernas tendencias gubernamentales y constituye una valiosa herramienta de gestión de la cual la provincia de Santa Fe es pionera, junto con el Gobierno Nacional».
Tal como en el caso del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, el CAP se caracteriza por su movilidad, su flexibilidad y su posibilidad de asumir una variedad de temas de gestión para brindar asistencia técnica a las jurisdicciones que integran el gobierno. También, sus integrantes ingresan como resultado de un proceso muy riguroso de selección y formación enmarcado en los programas de formación de Administradores Provinciales. Se caracteriza, asimismo, por una composición plural y multidisciplinaria, por la evaluación del desempeño para la promoción, por la actualización permanente y por la comunicación horizontal y fluida entre sus integrantes, constituyendo un claro ejemplo de las denominadas comunidades de práctica al interior del Estado.
Más allá de los matices, el Programa de Formación de Expertos en Gestión Pública persigue objetivos comunes a los que guiaron la creación y orientan el funcionamiento de los reseñados. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se viene trabajando para dotar a la Administración Pública con estos recursos desde la aprobación del Decreto N.º 540/03, por el cual se creó la figura de los Agentes de Modernización del Estado. Vinculado al denominado Plan de Modernización, la evaluación de este proyecto dio lugar a la introducción de mejoras tendientes a fortalecer la inserción de agentes públicos altamente capacitados. Ello se logró a través del Decreto N.º 2133/09, por el cual se dispuso la creación del Programa de Expertos en Gestión Pública.
Quiero destacar especialmente la visión y decisión del Sr. Gobernador Daniel Scioli, agradecer el impulso del Sr. Secretario General Eduardo Camaño y el apoyo de todos los ministros y secretarios al proyecto.
La etapa que iniciamos hoy es una en la que la Administración Pública provincial pasa a tener a su disposición esa masa crítica de la que hablaba Oszlak y esa bisagra entre lo político y lo administrativo a la que suele hacerse referencia cuando se describen a los cuerpos de agentes con formación específica en la materia de lo público. Muchos llaman a estos cuerpos como de elite. Si esta referencia destaca la especialización en la materia junto con una adecuada e inteligente capacidad, desde la conducción, de aplicar el recurso conforme sus características de base y adquiridas, quizá estemos en condiciones de pensar en términos de meritocracia con pronóstico de ser extendida como parte natural de eso que llamamos, carrera en el Estado, de un Estado mejor, cada vez más inclusivo, capaz y resolutivo.
*Por Roberto Reale, subsecretario para la Modernización del Estado